En estos días, y por diferentes causas, los alquileres han
experimentado una subida considerable en muchos lugares de España y, en
especial, en la ciudad de Madrid.
La crisis del 2008 provocó una retracción de la demanda de
viviendas en alquiler pues la gente no podía pagar los precios que por entonces
se pedían y, al tiempo, los pisos bajaron de precio de venta y muchos
propietarios prefirieron arrendar sus viviendas antes que venderlas por menos
dinero delo que, a su entender, valían.
Del mismo modo, pero en sentido contrario, hoy los arrendamientos
han subido en Madrid. De hecho, en algunas zonas se está pagando lo mismo que
antes de la crisis y, por muchas razones, entre las que podemos destacar:
- Desfocalización de Barcelona como polo financiero español a causa del auge del separatismo y el aumento de la inseguridad jurídica, con la consiguiente llegada de empresas y trabajadores a Madrid
- Disminución del parque de pisos en alquiler porque se venden muchos más pisos que durante la crisis. La oferta ha disminuido.
- Aumento de los impuestos municipales y de los gastos de comunidad de las viviendas.
Como consecuencia de todo esto, los precios de los alquileres
suben ahora igual que antes bajaron. Son vicisitudes del mercado que, de
ninguna manera deben perjudicar a los propietarios.
Se pide la regulación de los precios por parte de las
autoridades. Esto es una violación más del derecho de propiedad, como lo es la
dificultad de recuperar la vivienda cuando el arrendatario no paga el alquiler
o cuando es ocupada por desaprensivos.
La inmensa mayoría de los propietarios de viviendas en
alquiler no pertenecemos a grandes corporaciones financieras y/o inmobiliarias.
Somos trabajadores que, con esfuerzo, hemos ido construyendo un patrimonio
inmobiliario para complementar esos salarios que no han subido desde hace mucho
o la pensión cuando llegue el tiempo incierto de la jubilación.
Pero, aunque se trate de dueños de muchas viviendas, su
derecho de propiedad es igual de defendible y sagrado que el de un pequeño
propietario.
La economía es implacable en su regulación natural del
mercado. Donde los poderes públicos restringen el precio de la oferta surge el
mercado negro y el fraude. Al final son los propios arrendatarios potenciales quienes
terminan viendo limitadas sus expectativas de alquilar una vivienda, puesto
que, los propietarios prefieren simular fórmulas de usufructo, habitación o
cesión temporal a familiares antes de alquilar bajo precio. Esto, también,
supone una disminución de los ingresos fiscales y redunda en perjuicio de los
contribuyentes.
Pido al Gobierno que, de una vez por todas, defienda a los
propietarios de las tentaciones expropiatorias de los Ayuntamientos
liberticidas y evite la imposición de
limitaciones a su derecho, y en especial, la facultad de ajustar el precio del
arrendamiento al precio de mercado en cada momento.
