El propietario de una vivienda cuyo inquilino deja de pagar está siendo robado.
Es igual que el propietario sea el Banco de Santander o un jubilado con una pensión de 722€/mes. Ambos tienen un derecho de propiedad que está siendo violado.
Es igual que el arrendatario no pague porque no le da la gana o porque, a causa de un imprevisto, no puede ganar dinero para pagar el alquiler.
El recurso legal que tiene el propietario para recuperar la vivienda es iniciar un proceso de desahucio y expulsar al que no paga.
No importa el perfil del moroso. No importa el perfil del propietario. El titular de un inmueble que ha dejado de percibir las rentas pactadas debe recuperar la vivienda y, si fuera posible, el dinero adeudado. El derecho de propiedad es el mismo para todos y debe ser protegido por igual.
Prohibir los desahucios es vulnerar gravemente los derechos de las personas físicas o jurídicas. Es injusto, inmoral y, por tanto, contrario a Derecho, suspender el recurso al desahucio alegando la desprotección del moroso.
Alegar la existencia de un estado de necesidad es hipócrita, demagógico y lesivo para el propietario que es discriminado como persona frente a otros ciudadanos.
Quien no recibe las rentas pactadas por el uso de una vivienda de su propiedad está viendo lesionado su derecho constitucional a ser dueño de un bien.
Si el arrendatario carece de recursos, no es el propietario quien debe solucionar su problema social. Es inmoral y falaz responsabilizarle de paliar las desgracias de otras personas.
Si el Estado considera que los casos de necesidad han de ser protegidos es toda la sociedad la que debe aportar medios para solucionar el problema.
Del mismo modo que se ha considerado oportuno establecer un ingreso mínimo vital para gente sin recursos y que pagamos todos, ha de establecerse una alternativa para los que no puedan pagar una vivienda. Los impuestos (ya de por sí muy altos) deben sufragar estas medidas sociales, nunca los propietarios que ya pagan sus impuestos como ciudadanos. En caso contrario se establece una discriminación entre ciudadanos.
No es posible imponer una doble tributación fiscal a los propietarios. Quien adquiere una vivienda ya ha pagado sus impuestos: Sucesiones, Donaciones, Actos jurídicos documentados, IVA, Plusvalía, gastos notariales y registrales, IBI, Basuras, IRPF, Patrimonio....
No puede ser que, además de haber pagado más que quien no ha adquirido una vivienda deba financiar la situaciones de necesidad a sus expensas. Es un abuso, es un atraco, es una injusticia, una iniquidad. Los propietarios no tenemos la obligación de solucionar la pobreza de otros ciudadanos a título personal. O lo pagamos entre todos o nuestros derechos están siendo vulnerados..
Pero además, suspender los desahucios es una medida estúpida y antieconómica: el propietario de una vivienda que sepa que su derecho a recuperar la vivienda cuya renta no se le pagará a poco que el moroso sea considerado “persona sin solución habitacional alternativa”, hará una de estas cosas que acarrearán las consecuencias que se sugieren
- No pondrá su vivienda en alquiler, con lo que habrá menos viviendas en el mercado para un mismo nivel de demanda. No hay que ser muy listo para saber qué pasa cuando disminuye la oferta y la demanda permanece inalterada. Las cosas suben de precio O sea, menos oportunidades y más personas sin "solución habitacional alternativa".
- Pedirá garantías que respalden la solvencia del potencial inquilino y le protejan de posibles impagos, con lo que menos inquilinos podrán alquilar una casa ya que se les exigirá una solvencia reforzada o unos avales que menos gente tendrá a su disposición. Esto supondrá menos recaudación y menos personas que puedan vivir dignamente
- Inventará soluciones alternativas para mitigar los efectos negativos de las nuevas disposiciones que puedan significar la vulneración de sus derechos. Aquí entramos en el resbaladizo terreno del dinero negro, los contratos simulados, la coacción, las mafias.....Elegir lo más desagradable.
Todo conduce a lo mismo: lo que se intentaba solucionar empeora. Del mismo modo que la limitación de los alquileres o la selección de colegio por proximidad. Demagogia populista. No es sólo una medida de izquierdas, es una medida propia de los socialistas de todos los partidos
Sé, por supuesto, que todas estas consideraciones no servirán de nada porque la auténtica razón de establecer esta política son meramente de conveniencia. Nada parecido a la racionalidad, el objetivo de equidad y justicia o la moral, impedirá al déspota usar su poder, caiga quien caiga y pese a quien pese, aunque, en este caso, los damnificados seamos todos: propietarios y no propietarios; ofertantes y demandantes de vivienda.
Pero eso dará igual porque, cuando la medida se revele inútil y perjudicial, los zopencos que la hayan ordenado se retirarán a sus casas y, mediante las tristemente famosas puertas giratorias, a sus consejos de administración sin consecuencias sobre sus patrimonios.
Ganan los de siempre, perdemos todos...menos los de siempre.
